En el año 2024, se presentaron 115 solicitudes de concursos de acreedores en nuestro país según datos de la Liga de Defensa Comercial (Lideco). Estamos hablando de más de un 20 % de aumento con respecto al año pasado.
Recordemos que es un concurso de acreedores: es
un procedimiento jurisdiccional, a través del cual se manifiesta la insolvencia
de una empresa o un particular frente a sus acreedores. Existe dos formas de
llegar a un concurso, pedido por el deudor que se conoce como concurso
voluntario, y el pedido por los acreedores que se llama concurso necesario. Durante
el concurso un síndico designado por la justicia busca los activos del deudor y
negocia una salida a la situación de insolvencia. Se busca la aprobación de un
convenio de pagos o la liquidación de todos los bienes del deudor, y su
posterior reparto, en el orden que establece la ley 18.387
Cada vez que hay un concurso de acreedores, hay
ahorristas que pierden parte o todo el dinero invertido.
En los casos de Grupo Larrarte y Conexión
Ganadera parecería que los concursos de acreedores terminarán en liquidación de
sus escasos bienes. República Ganadera sigue negociando un convenio de pago
reprogramando los mismos y bajando la tasa de interés. Su director, Nicolás
Jasidakis, tiene reuniones a diario con sus acreedores. Actitud distinta a la
de Jairo Larrarte y Pablo Carrasco.
Hubo otros sonados concursos de acreedores que
dejaron muchos damnificados como por ejemplo el de Balsa y Asoc con una deuda
de U$S 65 millones.
El año pasado fruto de una mala administración
y de no haber calculado el desfasaje entre el dólar y el peso, Juan Balsa da
quiebra y pide un concurso de acreedores para sus empresas. Balsa pedía plata
en dólares a devolver con un interés superior a la inflación a sus asociados al
tiempo que pagaba salarios y aportes a la construcción en pesos uruguayos, esto
hizo que los costos fijos de la empresa subieran en dólares y la devolución del
capital no fuera sostenible. También hubo acusaciones de retiros sin justificar
por parte de Juan Balsa.
La ley 18795 (o ley de vivienda promovida) otorga
beneficios tributarios para la construcción de viviendas de interés social.
Bajo esta ley se ha construido viviendas en Carrasco, Barra de Carrasco y Punta
del Este entre otros sitios. Viviendas en muchos casos de lujo que están
deshabitadas y cuyos dueños generalmente son argentinos, uruguayos, brasileños
y paraguayos que buscan una renta. El gobierno anterior modificó esta ley
eliminando topes de precios de venta de las viviendas y dando hasta un 100% de
exoneración de impuestos. La idea era
promover la inversión extranjera, el trabajo y la baja de los costos de la
vivienda y los alquileres.
Este rubro también se prestó como inversión financiera, por ejemplo, Pilay Uruguay -antes Campiglia Pilay-, desde el año 2009 viene ofreciendo un producto financiero en pesos uruguayos que se ajusta por el Índice de Costos de la Construcción (ICC). Se reconoce como una empresa que brinda servicios financieros por lo que está regulada por el BCU. Tiene controles cada seis meses.
Esta empresa ofrece “una opción segura para
acceder a un capital respaldado en un inmueble, un sistema diseñado sobre la
base de un conjunto de personas que ahorran mensualmente en pesos uruguayos.” Su CEO Javier Agustín Vigo comentó que “Campiglia
Pilay garantiza que la construcción de las torres no dependerá de las ventas de
los apartamentos, lo que brinda seguridad a los inversores sobre la
finalización del proyecto.”
Ahora, ¿Qué sucedería si antes de construirse
estos edificios, o al estar construidos, pero no estar vendidos, los clientes
sacaran su capital?, ¿Campiglia Pilay podrá hacer frente a la devolución de estos
como dice su CEO?
Hay un producto que se llama metros, colocas un capital y vas cobrando en junio y en enero de cada año un prorrateo del alquiler de una vivienda, “sos dueño de metros cuadrados de una vivienda alquilada”. El problema sería si esa vivienda alquilada no existiera. En ese caso estaríamos ante un esquema Ponzi.
También hay empresas que ofrecen via crowdfounding (Es una forma de financiación colectiva para un proyecto sin intermediar un banco) la compra de propiedades en el exterior con una rentabilidad del 9% anual. Otras directamente ofrecen rentas en “edificios residenciales que ya están construidos, alquilados y que generan renta en dólares todos los meses en los Estados Unidos”.
Los casos de los bonos ganaderos desnudaron el hecho de que convivimos con esquemas Ponzi todo el tiempo. Esperemos que los controles del BCU y la DGI eviten más estafas, para ello este gobierno deberá de implementar cambios en estas instituciones y el parlamento penas más duras para los estafadores.
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