Quienes hayan visto la audiencia sobre Conexión Ganadera el lunes 17 de febrero habrán notado que los Carrasco y la viuda de Basso no se miran. No hay comunicación entre ellos.
La mala relación entre los Basso y los Carrasco
viene de años. Gustavo Basso entendía que el manejo de los campos y
especialmente del ganado que hacían los Carrasco no era bueno. Iban una vez al
mes a cada establecimiento. Animales en mal estado, flacos y poco trabajo.
Carrasco creía que era poco valorado por su socio al punto de dejarlo como una
especie de vocero. Llega un momento en
que tienen que poner un “intermediario” para comunicarse Gustavo Basso
con el matrimonio Carrasco, y este pasa a ser Martín Bartol.
Bartol es el Administrador General de Conexión
Ganadera, por encima de él estaban Alfredo Rava, Carrasco y Basso. Ana Iewdiukow
le pedía a él que enviara las comunicaciones a los trabajadores de los
establecimientos.
Martín Bartol también era el encargado de los
negocios de Conexión Ganadera en Estados Unidos, Pablo Carrasco lo presentaba
como “el futuro encargado de la cadena de restaurantes Stradivarius, que en
Estados Unidos va a ser más grande que Mc Donald´s”.
Diego Quiroga es quien maneja todo el tema
trazabilidad del MGAP, el sistema Snig y Dicosse para CG. Asignaba ganado a
nombre de los inversores. Es quien firmaba las guías por Conexión Ganadera
desde 2024.
Por último, tenemos a Alfredo Rava, yerno de
Gustavo Basso, quien es director del escritorio rural. Es quien maneja las
colocaciones a frigoríficos, es el encargado de las evaluaciones periódicas que
se realizan para garantizar la sanidad y el bienestar de los animales, y se
encarga también de las exportaciones. Para él Gustavo Basso fue su mentor y
hasta el día de hoy no puede creer que su suegro haya tenido algo que ver en la
estafa de Conexión Ganadera.
Lo único que sabemos es que faltan más de U$S
300 millones de los inversores en CG, que los Carrasco culpan a Gustavo Basso
(que no puede defenderse) y los Basso a los Carrasco. Parte del ofrecimiento de
Carrasco a los 19 abogados defensores de los damnificados fue brindar
información de donde hay bienes de la familia Basso, pidiendo a cambio prisión
domiciliaria.
Suena el teléfono
El jueves 20 de febrero recibo dos llamadas,
una del Banco Central del Uruguay a las 15:03 y dos horas después otra llamada
con una amenaza relacionada con mi “trabajo” y dos personas muy
importantes para mí. Llamo inmediatamente a mi exprofesor en finanzas, a los
abogados Silvia Cuello e Ignacio Durán, Nacho es amigo hace más de 20 años y
uno de los mejores abogados penalistas de este país. Este último me aconsejó
denunciar inmediatamente la amenaza telefónica y las que había recibido antes
por otras vías.
En la primera llamada me piden mi correo
electrónico para citarme a concurrir al BCU el lunes 24 a las 11 AM, cosa que
hice con mi exprofesor de compliance y abogado especializado en BCU. Nos
dijeron que estaban actuando de oficio, que habían visto tres entrevistas en
las que se me presentaba de forma errónea, en una de ellas “Licenciado por
el BCU” y en el resto “Asesor del BCU” y “Asesor Financiero avalado
por el BCU”. De la sala donde estábamos reunidos pido telefónicamente a
los periodistas que bajen las entrevistas de sus canales de Youtube. Escribo un
comunicado redactado por mi abogado y lo coloco en mis redes sociales en el
momento. Doy de baja la página web de mi empresa porque “podría dar lugar a
confusiones”.
Escribo a los periodistas y medios donde me
habían hecho notas, por tema Conexión Ganadera y pido que no me presenten como “Asesor
Financiero” por el momento y lo cambien en sus ediciones digitales. Delante
de los 4 funcionarios de la SSF del BCU y les muestro los cambios. Estuvimos mi
abogado y yo casi 4 horas en ese lugar.
Inmediatamente después presento mi certificado
de manejo de Inversiones Financieras que pide el BCU para ser Asesor
Financiero, aprobado en 2022, y dos contratos. Uno con la empresa XXX Uruguay
S.A. que vende productos pensados para el retiro y la protección regulados por
el BCU y otro con XXX S.A. inscripta en el BCU y que ofrece servicios
financieros.
Expliqué mi actividad, fuera del “periodismo”
que consiste en asesorar a familias y personas en su retiro, en re perfilar
sus deudas (muchas veces negociando con financieras que cobran intereses y
moras de usura a la vista del BCU) en invertir sus ahorros en la economía real
(construcción, capitalización en ganado, franquicias, etc). También soy
intermediario en compraventa de empresas. Muchas veces se da entre socios,
hermanos que heredan una empresa y otras son compradas en parte o en su
totalidad por inversores extranjeros o por otras empresas. Nada de esto
requiere una licencia del BCU.
Entendiendo de que en los videos que me
mostraron se podía dar confusiones, dije que iba a hacer una entrevista
explicando mi formación, mi actividad y como debía de ser presentado, cosa que
hice con el periodista Martin Maidana, el mismo día tuve otra entrevista,
con Luis Custodio quien me presenta como “Asesor y
columnista de La Mañana” envío a la SSF los links, ellos acusan recibo y
pregunto qué más puedo hacer para que quedara claro que no ofrezco
asesoramiento financiero regulado por el BCU desde la clandestinidad y si
habían encontrado UN SOLO cliente asesorado por mí de esa forma, a lo que
responden que no. Entendimos mi abogado y yo que esto se archivaría y quizás
fuera la consecuencia de que nombrara al BCU en la columna Conexión política Ganadera de La Mañana.
El viernes 28 de febrero me entero primero por
la red social X y luego por un correo de la SSF de un comunicado del BCU. El
comunicado dice que se pone en conocimiento del público y ahorristas en
particular que soy presentado en diversos medios como asesor financiero avalado
por el BCU y que carezco de inscripción para realizar esa actividad.
También me entero por la red X de que el Sr.
Pedro Copelmayer me acusa de haberlo amenazado y que por esa razón me denunció
en el BCU y esta denuncia suya terminó generando el comunicado. Esto contradice
lo que me dijera Daniel Torregani jefe de Unidad de Supervisión de Cumplimiento
de la SSF desde 2018, frente a mi abogado y a tres funcionarios más del BCU.
Hay tres cosas que el Banco Central del Uruguay debería de tener claro:
1- No me interesa ofrecer servicios regulados por esa institución. No los ofrecí, no los ofrezco y no lo voy a hacer.
2- Si sumamos, solo, Grupo Larrarte, República Ganadera y Conexión Ganadera faltan más de quinientos millones de dólares de ahorristas uruguayos.
3- La institución esta formada por empleados públicos, por lo cual los más de 7000 damnificados por estas tres empresas y el resto de los uruguayos les pagamos sus sueldos para que justamente controlen que estas estafas no sucedan.
He aquí algunos ejemplos de por qué no asesoro financieramente ni recomiendo productos o empresas regulados por el BCU:
Sara Goldring estafó a 300 clientes en más de U$S 100 millones, haciendo una “calesita” durante 10 años a la vista y regulación del BCU.
Grupo Bursátil Uruguayo Sociedad de Bolsa S.A.
estafó a sus clientes en U$S 60 millones. También a la vista y regulación del
BCU.
Una empleada de Baeremaecker y Perera hizo lo
mismo con U$S 5 millones de sus clientes. Otra empresa regulada por el BCU.
Podría seguir porque la lista es larga. También
hay empresas que presentan servicios de “educación financiera” en lugar
de “asesoramiento financiero”. Bancos privados que no piden el origen de
los fondos a sus clientes y si nos remontamos al 2001 un banco fundido compró otro
banco con el abal del BCU. Tampoco sabían lo que sucedida con el Banco
Comercial manejado por los hermanos Rohm. ¿Que garantías puede dar el Banco
Central del Uruguay hoy a los ahorristas?
Quizás llegó el momento de que los empleados
públicos de carrera y electivos deban de responder con su capital cuando
ocurran “errores” que les cueste sus ahorros a los uruguayos. No se requiere mucho, es aplicar y
quizás reforzar el artículo 25 de la Constitución Nacional.
Felipe Caorsi
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